La Procuraduría General de la República (PGR) desestimó iniciar procesos de averiguación por las relaciones de sacerdotes católicos con narcotraficantes, ya que “el servicio que prestan es una cuestión similar al secreto profesional que ejerce un abogado”. La postura de la dependencia se da en respuesta a las declaraciones hechas anteayer por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar, en el sentido de que integrantes de organizaciones delictivas se han acercado recientemente a curas católicos para solicitarles “orientación y consejo”, con el fin de cambiar su estilo de vida. Al respecto, el prelado añadió que varios jefes del narco “han sido muy generosos” con la Iglesia católica, en alusión a las donaciones que hacen para la construcción de templos y capillas, y propuso la creación de una ley que proteja la identidad de quienes desean realmente “dejar ese oficio”.
Las inoportunas declaraciones del presidente de la CEM colocaron ante los ojos de la opinión pública una práctica inadmisible y que no es nueva en el seno de la Iglesia católica: la relación que algunos de sus sacerdotes mantienen, a sabiendas de la jerarquía eclesial, con las organizaciones criminales. La institución ha intentado defender esos vínculos con base en argumentos pueriles e inaceptables, como los que presentó el fallecido obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien en su momento aceptó la existencia de las narcolimosnas, pero dijo que éstas se “purifican” al ser entregadas con buenas intenciones. Bienintencionadas o no, lo cierto es que los curas que reciben esas donaciones pudieran estar incurriendo en algo muy parecido al lavado de dinero, lo que hace urgente que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
Por lo demás, la solicitud de proteger la identidad de los delincuentes, en tanto que éstos se acercan a la Iglesia para cambiar su modo de vida, no se sostiene: nada les impide acercarse al clero para obtener “orientación y consejo”, pero, en todo caso, sus acciones delictivas deben ser juzgadas por instituciones seculares, con base en los cauces legales y los mecanismos de impartición de justicia existentes. La circunstancia remite a lo sucedido en 1993, cuando el entonces nuncio apostólico, Girolamo Prigione, se reunió con los narcotraficantes Arellano Félix; en aquel entonces, como ahora, se argumentó que el derecho de confesión era similar al secreto profesional que ejerce un abogado con sus clientes, y que ello protegía legalmente al prelado.
En las últimas fechas, los integrantes de los gobiernos panistas han manifestado cada vez más desembozadamente una fe católica que, sin duda, tienen todo el derecho de profesar en tanto que ello no vulnere el carácter laico del Estado ni obstaculice ni condicione su desempeño como autoridades, algo que, por desgracia, ya ha ocurrido. Como botón de muestra, baste mencionar la tajada de recursos públicos que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se comprometió a entregar a la Iglesia católica para la construcción de un templo en esa entidad.
La negativa de la PGR de investigar los vínculos entre el clero y el crimen organizado puede leerse como un acto de supeditación de las leyes terrenales a la voluntad de la Iglesia católica, además de como una grave incongruencia de un gobierno que, por un lado, so pretexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ha realizado un despliegue militar hasta el momento tan aparatoso como inefectivo, y por el otro, se niega a investigar las relaciones entre los sacerdotes y las organizaciones criminales que dice combatir.
En suma, la actitud de las autoridades para con la Iglesia católica alimenta la percepción de que en México, en pleno siglo XXI, los integrantes de esa institución gozan de un fuero de facto que los hace prácticamente intocables, algo que en los hechos representa un retroceso de más de 150 años, una violación al carácter laico del Estado, pero sobre todo una alarmante vejación al estado de derecho y a la legalidad que supuestamente defiende el grupo en el poder.
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